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Sociales
Narcohermanos en el MAS


[2017-09-25]
El delito del narcotráfico es una de las lacras que ha estigmatizado a la sociedad boliviana desde hace décadas.

Este Gobierno no es la excepción en el sentido de que ha tenido que enfrentarse a grandes incautaciones de cocaína y a una creciente violencia asociada a los crímenes del narcotráfico y delitos conexos.

De vez en cuando, además, este Gobierno ha tenido que enfrentar la vergüenza de que algún funcionario medio, o familiar de algún connotado masista, ha sido descubierto traficando con cocaína.

El primer caso que se recuerda es el de Juana y Elba Terán, hermanas de Margarita Terán, quienes fueron detenidas con 146 kilogramos de cocaína el 2008 y fueron liberadas luego de 99 días de permanecer detenidas, pagando una fianza de 150 mil bolivianos. Margarita Terán es una líder del Chapare y, en el último año, volvió a aparecer de forma cercana al presidente Evo Morales en actos públicos.

En 2010, Valetín Mejillones, el amauta que ungió a Evo Morales como Presidente en un acto indígena en Tiwanacu, cayó con 240 kilogramos de cocaína.

En 2011, la DEA estadounidense detuvo en Panamá al general retirado de la Policía René Sanabria que fue comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y, cuando cayó preso, era director del Centro de Inteligencia y Generación de Información del Ministerio de Gobierno. Fue acusado de preparar un envío de cocaína de Bolivia a Estados Unidos y de haber introducido ya en Miami 144 kilos de droga.

Fue el mayor golpe y la mayor vergüenza del actual Gobierno en materia de narcotráfico. Sanabria ahora cumple condena en una cárcel de Estados Unidos.

De ahí hasta 2017, el Gobierno no tuvo mayores sobresaltos, hasta que en julio de 2017 estalló un escándalo en Brasil, donde fue detenido el ciudadano Rómer Gutiérrez Quezada, con 100 kilogramos de cocaína.

No se trata de cualquier ciudadano. Gutiérrez es hermano de la diputada suplente del MAS, Amparo Gutiérrez, y fue asesor de la concejala cruceña Melody Téllez. De ahí que pasó a ser conocido como narcoasesor.

Pero, el quebradero de cabeza para el Gobierno estaba apenas por empezar, pues las redes sociales se llenaron poco a poco de fotografías de Gutiérrez posando o entregando materiales de campaña junto a altos dignatarios de Estado, entre ellos el propio presidente Evo Morales. Tomarse una foto no es delito, han dicho los aludidos, sin embargo, a algunos, según se ve en las imágenes, también les entregó materiales de campaña.

Apenas el asunto estaba siendo olvidado por los medios, cuando en septiembre estalló el caso de los narcohermanos de la diputada Adriana Arias, quienes se encuentran en la cárcel de Palmasola por narcotráfico.

El tema salió a la luz porque el diputado opositor Tomás Monasterios denunció públicamente que Máxima Arias se benefició con una audiencia privada en un hospital y que, pese a que la droga estaba en la casa de Juana Arias (otra hermana), no fue incautada. La mujer fue hallada con 10 kilogramos de cocaína.

Sólo entonces se supo que un año antes, Fermín Arias, otro hermano de la diputada, había sido detenido con 20 kilos de cocaína y enviado a Palmasola.

Si bien los delitos son personales, llaman la atención los nexos cada vez más cercanos con altos cargos masistas. Y, por otro lado, no deja de sorprender que estos casos, particularmente el de los hermanos Arias, no haya merecido ni el más mínimo indicio de indignación o de repudio de parte de las autoridades del oficialismo.

Por el contrario, parece que estuvieran esperando que pase el miniescándalo que hacen algunos opositores y pocos medios, para no tener que pasar por la incómoda situación de tener que referirse al tema.

Si este Gobierno no quiere terminar estigmatizado con el narcotráfico, debería poner mayor énfasis en las investigaciones referidas a los nexos de sus funcionarios que tienen familiares involucrados en el narcotráfico.

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