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Sociales
Gestora pública de fondos de pensión


[2017-09-28]
Después de un recurrente retraso, desde el 2 de enero de 2018 la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se hará cargo de los fondos de pensión de los trabajadores bolivianos y del pago de la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales para los adultos mayores. De esta forma, la entidad, conformada en 2015, asumirá dos tareas altamente sensibles para la economía de millones de bolivianos. Hasta ahora, los aportes jubilatorios de los trabajadores que son parte de la economía formal fueron manejados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y Previsión, con más de 2,1 millones de afiliados.

Si tenemos en cuenta que la población económicamente activa llega a 5,5 millones de trabajadores, el 60% de los cuales forma parte de la economía informal, vemos que menos de un tercio de los empleados tiene aportes regulares a las AFP.

Tras seis años de vigencia de la norma que las instituyó, las administradoras llegaron a manejar unos 14.100 millones de dólares en ahorros para las jubilaciones. Recursos que fueron invertidos en los mercados de valores para obtener retornos para su reparto entre los contribuyentes.

El Gobierno consideró que este sistema no va más porque no brindó suficientes beneficios para los bolivianos, por lo que puso en marcha la denominada gestora pública con la esperanza de que logre dicho objetivo.

Diversos expertos alertan, sin embargo, por los riesgos que tiene esta medida, teniendo en cuenta los históricos fracasos que tuvieron los sistemas públicos de reparto debido a la mala administración y la corrupción.

El Gobierno asegura que el objetivo es ampliar la base de quienes aportan para su jubilación. La estrategia será ir a buscar, por ejemplo, a los gremialistas (comerciantes informales) no solo para asegurarlos, sino también cobrar sus aportes. Un objetivo loable, pero que parece utópico teniendo en cuenta el alto grado de informalidad que tiene la economía boliviana.

En este marco, la polémica gestora tendrá a su cargo los fondos de la Renta Dignidad, un pago vitalicio de 300 bolivianos que reciben los adultos mayores para paliar las carencias de la pobreza y el abandono. ¿Hay garantías suficientes para que esta transición no ponga en riesgo los aportes de millones de trabajadores? ¿Habrá suficientes recursos para pagar la Renta Dignidad? ¿Qué mecanismos institucionales se establecerán para garantizar que no caigan en manos de la corrupción y el despilfarro? Son todas preguntas que todavía no tienen respuesta y que merecen un debate público más amplio, de forma tal que no se ponga en riesgo la previsión ni el futuro económico de los bolivianos.

EL DEBER EDITORIAL








 

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