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Sociales
El Tribunal Constitucional y la reelección


[2017-10-22]
William Herrera A.

El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, según la Ley Fundamental. Se trata de un tribunal especializado, compuesto por siete magistrados, que se encarga de la defensa de la Constitución y por eso se lo conoce también como el guardián de la Ley Fundamental.

Entre sus atribuciones, deberá conocer y resolver, en única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, y comprendería las siguientes acciones:

1) Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad directas o de carácter abstracto sobre leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales;

2) Conocer y resolver las acciones de carácter concreto sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales;

3) Conocer y resolver los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en la Constitución;

4) Conocer y resolver el control previo de constitucionalidad en la ratificación de los tratados internacionales;

5) Conocer y resolver la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución.

Cabe destacar la amplitud de las normas objeto de control, así como la legitimación activa para interponer estas acciones que corresponde al presidente del Estado, senadores o diputados, legisladores departamentales, máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, y al defensor del pueblo. Sin embargo, se excluye a los ciudadanos cuando debería permitirse, con la sola circunstancia de que la ley, decreto o resolución se considere inconstitucional.

Este control normativo de constitucionalidad, comprende: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha ley fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales, así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control.

Estas son las acciones estrellas del TCP, y se originan en la conocida sentencia “Marbury vs. Madison”, de fecha 24 de febrero de 1803 dictada por la Corte

Suprema de Estados Unidos, que se considera como el hecho histórico más importante que ha marcado una ruta vital en la protección jurisdiccional de la supremacía de la Constitución. No obstante, la defensa de los derechos en este sistema se hace difusamente a través de cualquier proceso judicial, donde una vez detectada la afectación de algún derecho o, lo que es lo mismo, la vulneración de algún precepto constitucional, los justiciables pueden acudir al Tribunal Supremo con el fin de que este revise la constitucionalidad de la ley o acto que ha dado lugar a la vulneración de la Constitución.

El control de constitucionalidad, en efecto, busca la defensa de la Constitución y los valores supremos del ordenamiento jurídico y desde esa supremacía es capaz de exigir cuentas, de erigirse en el parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas del sistema. Se trata de una acción de verificación de la compatibilidad y conformidad de las disposiciones legales, los actos y resoluciones de los gobernantes con los valores supremos, los derechos fundamentales y garantías de las personas consagrados por la Constitución.

Sin embargo, el control normativo que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, no incluye (ni puede incluir) a la misma Constitución, precisamente por ser la ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico; por tanto, el TCP no puede reformar la Constitución, menos habilitar una nueva repostulación de Evo Morales, salvo que decida echar por la borda el sistema democrático y comience la perversión del orden constitucional.

EL DEBER








 

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