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Sociales
La JIFE apunta a la Ley de la Coca


[2018-03-05]
El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, correspondiente a la gestión 2017, expresa la preocupación de ese organismo internacional por la aprobación de la Ley de la Coca, que casi duplica la superficie legal cultivada en Bolivia.

“La JIFE expresa su preocupación por la casi duplicación de la superficie total autorizada para el cultivo. (...) Preocupa que estos acontecimientos hayan afectado la capacidad del Gobierno para controlar la disponibilidad de coca para el consumo tradicional interno y (se haya) aumentado el riesgo de que se desvíe para la fabricación de cocaína”, indicó el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan, al presentar los datos.

El tenor del informe es contundente y marca una diferencia con anteriores reportes que estaban orientados a mostrar la cantidad de coca detectada en el territorio nacional, con leves variaciones entre un año y otro.

El Gobierno, como era de esperarse, ha rechazado la observación, indicando que la Ley 1008, que ha sido reemplazada con la Ley de la Coca en materia de plantaciones del arbusto, permitía 12.000 hectáreas sin una base técnica real y haciendo referencia a un estudio de la década de los años 70.

Sin embargo, el propio Gobierno, con ayuda de la Unión Europea, ha realizado un estudio de consumo de la hoja de coca que en 2014 fijó en 14.700 hectáreas la cantidad requerida para usos tradicionales, aunque en 2017 hizo una complementación que elevó el requerimiento a 17.160 hectáreas.

Ni siquiera con esos dos estudios se logra justificar las 22.000 hectáreas de coca que se han legalizado con la nueva norma. Por eso, el Gobierno ha justificado la cifra diciendo que se necesita una cantidad adicional para la industrialización y exportación de coca. Sin duda, un argumento rebuscado, puesto que la exportación está prohibida y porque la industrialización es un espejismo.

Precisamente ese punto hizo notar el organismo internacional, al recordar que cuando se introdujo una reserva en la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU para permitir el acullico en el país, Bolivia se comprometió a producir coca para el consumo tradicional, pero no se habló de la industrialización o exportación. Por eso, la entidad espera un nuevo estudio del consumo de la coca, enmarcado en la Convención.

Con el informe de la JIFE queda claro que la Ley de la Coca, si bien beneficia a las bases del presidente Evo Morales, perjudica su imagen de estadista y compromete la fe del Estado en materia de lucha contra las drogas.

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