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    Cochabamba, 13 de Noviembre de 2018
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Sociales
Control de cárceles, la batalla perdida


[2018-03-29]
En las cárceles bolivianas se reproduce el modelo de toda actividad ilegal en Bolivia: se ejerce control en los márgenes, pero el interior, el núcleo, queda librado a fuerzas superiores que, o pactan con las autoridades para que se les permita actuar, o lo hacen de todas formas, aprovechando su debilidad de fuerza y presencia.

Este esquema se evidencia por ejemplo con el narcotráfico, que sabemos es una actividad boyante en el país -aunque subterránea- de cuyo control o interdicción dan cuentan las autoridades únicamente a través de aparatosos operativos de confiscación de droga, encarcelamiento de pequeños traficantes o enfrentamientos -eso sí más frecuentes- con sicarios que realizan ajustes de cuentas u otros excesos.

Con el contrabando, otra actividad boyante en Bolivia, sucede algo parecido actualmente, aunque hace algunos años -cuando todavía era una actividad ilegal casi socialmente bien aceptada- no registraba prácticamente niveles de violencia. Ahora que ha crecido desmesuradamente se han conformado mafias mucho más peligrosas que, ya hemos visto, se mezclan con las del narco y cobran vidas de forma cruel y sorprendente. El control que realiza el Estado de esta actividad es, como se ha dicho, irregular y sin mayores capacidades de lucha real. La muerte de dos militares a manos de contrabandistas es una muestra de ello, por mucho que el Presidente nos quiera convencer que armando a las FFAA y endureciendo sanciones penales podrá vencerlo.

De modo que el otro reciente episodio, el de las mafias que controlan las cárceles bolivianas y que tienen a la Policía como cómplices de sus negocios y en el mejor de los casos como cancerberos, es nada más otra expresión de nuestra debilidad institucional, de nuestra derrota como Estado frente al crimen organizado.

Como suele suceder cuando se presenta una crisis, generalmente después de algún episodio violento como el ocurrido en el penal de Palmasola en días pasados, se producen intervenciones y se hacen anuncios de reformas, pero más temprano que tarde la fuerza de la costumbre y el poder vuelve a instalarse profundizando los males.

Estamos frente a bombas de tiempo que no están desactivadas sino apenas controladas y que, de no mediar una política de Estado que verdaderamente invierta ingentes recursos en infraestructura, regímenes penitenciales especiales e independientes de la corrupta Policía, y otras sugerencias que los expertos se han cansado de hacer, volveremos a presenciar estos estallidos pustulentos, prueba triste y preocupante de nuestras limitaciones en seguridad del Estado y lucha contra el crimen.

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