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Tu Reportaje
Evo Morales y la universidad


[2015-06-19]
Nada es lo que parece

Guillermo Mariaca Iturri

Es indudable que las universidades públicas tienen un problema de imagen, aunque éste no sea su déficit fundamental. El daño que San Simón de Cochabamba y la Universidad Pública de El Alto le hacen, por el manejo irregular de la titularidad de sus profesores, es enorme. Por tanto, puede ser comprensible que cierto dirigente cocalero, que no tenga idea de cómo se define y evalúa la calidad de la educación superior, prefiera enviar a su hijo a una universidad privada. Siempre pasa eso con los nuevos ricos, prefieren los servicios privados a los públicos por una arribista impresión de estatus, pero que el Presidente avale esa opinión es inadmisible. Debiera, cuando menos, pedir asesoramiento académico, y no cocalero, para hablar de la universidad. Pero es más que tarde, está convencido de que el sustento de sus declaraciones debe tener siempre orientación electoral y demagogia populista. Sin embargo, tampoco habría que desestimarse con simpleza la percepción ciudadana de que la universidad pública está en decadencia, como afirmó el Presidente. El primer aporte universitario, sin duda, es haber constituido la reserva moral de la nación en épocas de dictadura. Cuando el sindicato minero y la izquierda socialista eran la reserva democrática, la universidad los cobijaba en ese rincón en el que la ética política no permitía el ingreso de la cultura autoritaria. Porque no hay duda de que las dictaduras fueron también posibles, más allá de la fuerza, por las concesiones y los temores de sectores medios urbanos y campesinos. Sin embargo, ahí estuvo la universidad como punto de encuentro entre la resistencia a los autoritarismos que morían y la democracia que nacía.

El segundo aporte ha sido la construcción de ciudadanía. Porque la expansión de derechos y libertades supone la existencia de una institución que los forje y que inculque en la gente la conciencia de su ejercicio. Pero creo, lamentablemente, que eso es todo. En momentos de crisis democrática ciertamente no es poco; sin embargo, una de las pocas instituciones que podría convertir la crisis en oportunidad no fue capaz de acompañar la democracia en su crecimiento y maduración. Y aquí radica el punto neurálgico. La universidad vive de glorias pasadas. Mientras los movimientos indígenas profundizaban la democracia, expandían los derechos e inventaban interculturalidad; mientras los sectores medios ilustrados construían instituciones; la universidad canibalizaba su propia historia, haciendo de la autonomía un sepulcro de privilegios y no una visión libertaria. Si nos vamos a los datos, la universidad es un nicho que cobija a las élites nuevas y sirve de colchón social ante el desempleo. Desde 1990 se ha más que duplicado la matrícula y la tasa de cobertura ha pasado de 16% a 25% de la población en edad universitaria que está en la universidad; por tanto, el aporte presupuestario estatal también se ha más que duplicado con el IDH, distribuido sin criterio sensato.

Aunque la tasa de graduación se ha triplicado, sigue siendo bajísima si se la compara con el ingreso: sólo uno de cada 10 estudiantes se gradúa cuando debe. Su baja calidad, su baja relevancia social, su poca eficiencia, han separado a la universidad del avance global del conocimiento, la han hecho sorda a la diversidad cultural y la han aislado de las necesidades del país.

Para agravar aún más esta ya lamentable situación, no existe la voluntad política para construir un sistema integrado de educación superior pública, para transparentar su información, funcionar a partir de una gestión por resultados o compartir un código de ética que afirme que la educación es un bien público y no un ghetto de dirigentes.

¿Será posible, con una sola medida, hacer nuevamente de la universidad motivo de orgullo? ¿Podrá la misma universidad, sin esperar presiones, desprecios ni exigencias crecer a la altura del desafío? Creo que sería posible porque la medida es simple y es un detonante de transformaciones profundas: abrir la autonomía. La autonomía se ha convertido en una sordera estructural. Si se la abre, si el gobierno universitario se compone de docentes, estudiantes, representantes sociales y delegados estatales, si se institucionaliza una autonomía con responsabilidad social, y si la universidad asume su calidad de bien público, podrá renacer del rescoldo de esa autoridad moral que la convirtió en una de nuestras pocas esperanzas democráticas. Si no se transforma, la propia sociedad deberá asumir esa tan difícil y compleja responsabilidad.

Porque, caso contrario, nos espera una educación mercantil; es decir, la agonía e inevitable muerte de la educación pública. Estaremos condenando a la inviabilidad a la sociedad educadora; una de las muy pocas, si no la única vía, para hacer del diálogo de saberes y la disonancia cognitiva, no de la lucha por el poder, el eje organizador de un país intercultural. Al mismo tiempo, una de sus paradójicas oportunidades para volver a ocupar un lugar como protagonista en el diseño de nuestro horizonte nacional.

Desgraciadamente, nada de esto ocurre. La universidad sigue siendo, en términos generales, una guardería de desempleados y un pacto por la mediocridad institucionalizada.

Guillermo Mariaca Iturri es ensayista.








 

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