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Tu Reportaje
Sobre la designación de nuevas autoridades judiciales


[2015-07-30]
MIRADA CONSTITUCIONAL

Por JOSÉ ANTONIO RIVERA

Una de las condiciones para preservar la independencia de las autoridades judiciales es que la selección y designación se realice a través de un procedimiento transparente y sobre la base de la comprobación pública de la idoneidad y probidad de los postulantes, excluyendo toda forma de injerencia de quienes detentan el poder político y económico; de manera que la autoridad designada no se sienta en deuda con alguien sino sólo con su capacidad y experiencia.

En el diseño constitucional vigente, los magistrados de los máximos tribunales de justicia son elegidos por voto popular de postulantes preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional; se entiende que esa preselección debió estar precedida de la comprobación pública de la idoneidad y probidad de los profesionales que se postularon. Lamentablemente, la preselección no se sustentó en la meritocracia sino en otros factores de conocimiento público, el resultado es que el propio Gobierno nacional se encuentra disconforme con el desempeño de funciones de las autoridades electas, ya que no han asumido acciones efectivas para contribuir a superar la crisis del sistema judicial del Estado; al contrario, la han profundizado.

Con relación a los vocales, que conforman los tribunales departamentales de justicia, la Constitución y la Ley Nº025 del Órgano Judicial prevén que serán designados por el Tribunal Supremo de Justicia de los candidatos preseleccionados por el Consejo de la Magistratura; se entiende que la preselección de los candidatos o candidatas debe estar precedida de la comprobación pública de la idoneidad y probidad de los postulantes.

Finalmente, respecto a los jueces de instancia la Constitución y la Ley Nº 025 prevén que serán designados por el Consejo de la Magistratura mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, lo que supone la comprobación pública de la idoneidad y probidad.

La comprobación pública de la idoneidad supone verificar que él o la postulante sean poseedores de una formación especializada y alta experiencia jurídica para el desempeño del cargo; porque para ejercer la función de magistrado o juez no es suficiente contar con un cúmulo de conocimientos enciclopedistas; pues se requiere de un conjunto adicional de capacidades, habilidades y destrezas, tales como la personalidad firme para tomar decisiones y determinaciones que resuelvan los casos más difíciles; conocimientos y habilidades para organizar el despacho y relacionarse con los litigantes y sus abogados; capacidades para interpretar, valorar y argumentar la prueba, para identificar apropiadamente la problemática planteada y formular una solución razonable y justa a la problemática que debe resolver; capacidades para exponer de manera suficiente y razonable los fundamentos y justificativos jurídicos que sustenten la decisión que adoptará en el respectivo proceso judicial.

Adicionalmente a las capacidades referidas, él o la postulante deberá ser poseedor de un conjunto de cualidades humanas, además de una firme convicción y compromiso con el sistema constitucional y con los derechos humanos, así como la sumisión a la Constitución, a las leyes y a los valores sociales, éticos y morales; además de un compromiso con los problemas sociales, políticos y económicos de su tiempo histórico.

Siendo esos los requisitos, lo fundamental es cómo y quiénes verifican la idoneidad y probidad de los postulantes.

La formación profesional debe ser verificada a través de un concurso público de méritos, con carácter meramente habilitante, lo que supone que la nota obtenida no incidirá en la decisión final, sólo debe habilitar al postulante para que ingrese al examen de competencia.

Las capacidades, habilidades y destrezas deben ser verificadas a través de un examen de competencia recibido por una comisión integrada por profesionales altamente calificados y con bastante experiencia. Esa prueba no debe reducirse a la verificación de los conocimientos enciclopedistas. Por lo tanto, no puede ni debe ser como el que tradicionalmente utiliza el Consejo de la Magistratura con preguntas sobre conocimientos doctrinales; el examen debe consistir en que el postulante resuelva un proceso judicial concreto dictando una Sentencia, Auto de Vista o Auto Supremo, según corresponda, debiendo evaluarse lo siguiente: 1) la identificación apropiada y correcta de la problemática planteada en el proceso; 2) la correcta formulación de una solución justa y razonable al problema planteado en el proceso; 3) la correcta interpretación y aplicación de las normas constitucionales y legales; 4) la adecuada identificación y aplicación de los precedentes obligatorios; y 5) la suficiente y razonable fundamentación jurídica.

Efectuada esa prueba, a los postulantes que obtengan una nota superior a los 65 puntos debe realizarse una entrevista personal mediante una comisión interdisciplinaria para conocer su personalidad, su tendencia iusfilosófica, sus convicciones y valores respecto al respeto y resguardo de los derechos humanos y el sistema constitucional, sobre los valores sociales, éticos y morales.

Finalmente, cuando ya se tenga la lista de los postulantes mejor calificados, cuya nota supere los 75 puntos, deberá procederse a la verificación de su probidad con la participación de los ciudadanos y ciudadanas, publicando la lista de postulantes calificados para recibir observaciones sobre el comportamiento ético moral de los mismos, a objeto de proceder a su verificación.

Lamentablemente en los procesos de designación que se han realizado no se ha seguido ese procedimiento; el resultado es de conocimiento público.

El autor es catedrático de Derecho Constitucional riverasa@gmail.com








 

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