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Tu Reportaje
10% de descuento a favor del MAS


[2015-11-06]
El Congreso Orgánico del MAS ha "ordenado” a los funcionarios públicos entregar el 10% de su sueldo al partido, en este caso para financiar la campaña electoral para la aprobación de la reforma constitucional que permitiría un cuarto mandato del presidente Evo Morales.

El nuevo estatuto del MAS establece que todos los funcionarios públicos y los representantes electos entreguen esos fondos al partido. También se establece que existirán "formas de control” para que la medida se ejecute adecuadamente.

La decisión de la cúpula partidaria del MAS es irregular por donde se la mire. Para empezar, está la Ley del Régimen Electoral que establece en su artículo 126 que está prohibido "realizar u ordenar descuentos por planilla a funcionarios públicos para el financiamiento de propaganda electoral”.

Al margen de lo que dicta la ley, está el hecho de que descontar obligatoriamente a los funcionarios públicos un aporte para una campaña electoral es abiertamente arbitrario; refleja que el partido oficialista cree que el Estado y sus funcionarios son de su propiedad. Esta idea proviene de un concepto expresado por el vicepresidente Álvaro García Linera, la del "Estado integral”, que incorpora a la sociedad civil y al partido de Gobierno en un solo cuerpo. La idea, que parte de una lógica de control del Estado de todos los ámbitos de accionar de la sociedad, explica -además de la tranquilidad con que se anuncia que se harán estos descuentos a funcionarios-, acciones como el ataque a los medios críticos; que se obstaculice el trabajo de las ONG y otras expresiones que evidencian que nada puede estar fuera del control estatal.

El concepto llega también a las FFAA que, pese a lo que dice la Constitución, también deben ser "seguidoras del MAS”, según las máximas autoridades del país. Pero, volvamos a la decisión del MAS: al presionar a los funcionarios públicos para aportar a un partido, se los está forzando a entregar un dinero que sirve para su sustento y el de su familia, lo que viola sus derechos. Pero no acaba acá el problema. La reacción de muchos funcionarios del Estado -que no necesariamente tienen filiación política- es la de rechazo, pero un rechazo silencioso pues puede estar sujeto a represalias. ¿Cómo entender, si no, que el propio presidente del Senado, Alberto Gonzales, haya dicho en primera instancia que no admitirá descuentos obligatorios y luego haya aceptado "aportar” al proceso de cambio?

El Gobierno puede hacer lo que quiere y lo hará, pero este tipo de arbitrariedades tienden a cobrar un costo a quienes la imponen. Trabajar para el Estado no es sinónimo de militar en un partido.

Pagina Siete editorial








 

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