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    Cochabamba, 18 de Noviembre de 2018
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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Tu Reportaje
Cocaleros y redes sociales


[2016-02-27]
A raíz de la derrota del oficialismo en el reciente referéndum, surgieron voces oficiales que atribuyeron el fracaso a una “guerra sucia”, en la cual habrían tenido parte “decisiva” las redes sociales. Que los dueños del poder utilicen esos pretextos es lamentable; ellos son los que han abusado al extremo de los bienes estatales. El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, anunció una reunión de la Coordinadora Nacional por el Cambio para elaborar un proyecto de ley que permita controlar las redes sociales. Como es sabido, el presidente titular de esa agrupación cocalera es el propio Evo Morales, quien también criticó duramente el rol de las redes sociales en la votación del 21 de febrero. De forma más equilibrada, un vocal del Tribunal Supremo Electoral afirmó que las redes sociales “no se pueden ni se deben regular” pues son consideradas un espacio popular de libertad de expresión.

El debate apenas se inicia. Ya veremos de qué manera cocaleros y adláteres presentarán sus propuestas. Al respecto, vale la pena reiterar que es prácticamente imposible controlar -en democracia- las redes sociales. Ellas son una nueva forma tecnológica de comunicación que se contrapone al poder estatal, sobre todo cuando este es mal utilizado, como sucedió con el Gobierno durante la campaña. Por otro lado, sin un liderazgo visible y sin recursos, grupos de jóvenes unieron talentos y esfuerzos para crear una formidable masa comunicacional que se irradió globalmente. Se obtuvo así una victoria considerada previamente como imposible. Esa brillante juventud merece llevarse los laureles del triunfo, no los políticos que han querido aprovechar la circunstancia.

La propuesta cocalera podría tener una contrapropuesta. Según informes de las Naciones Unidas el 98% de los cultivos de coca de Chapare son destinados al tráfico ilegal de estupefacientes. Sobre la base de esos datos indiscutibles se podría presentar un proyecto legal que controle rigurosamente distribución y consumo de los cocales chapareños para impedir que su producción se derive hacia actividades ilícitas. Diez millones de bolivianos no podemos recibir normas de 40.000 cocaleros, aunque estos sean la base política de Evo Morales y del MAS.

En el mundo de hoy solo las dictaduras prohíben o inhabilitan redes sociales. Confiemos que primen en Bolivia el pluralismo y la libertad de expresión. Dejamos como inquietud la posibilidad de regular la coca de Chapare. Eso sí es de interés público y mejorará nuestra imagen externa.

El Deber editorial








 

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