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La Policía y el país


[2016-03-10]
El Defensor del Pueblo ha actuado correctamente al pronunciarse sobre el tema y mal han hecho algunas autoridades políticas y policiales al acusarlo de “defender a los delincuentes”

Parece una tarea casi imposible revertir la preocupante crisis por la que atraviesa la Policía Boliviana, producto de la cual decrecen sistemáticamente los niveles de confianza de la ciudadanía en ella, más aún si no hay voluntad política estatal de concertar con la sociedad un proceso de cambio radical de sus estructuras ni se trabaja con los profesionales que hay en su seno.

Son varias las razones que pueden explicar, no justificar, esta situación. De hecho, como con la Fuerzas Armadas y la Universidad Pública, el Estado tiene una tarea pendiente con esta institución al no haber diseñado la Policía que requiere el sistema democrático. Desde 1982, concretamente, muchas han sido las promesas, los diagnósticos, pero nunca se adoptó la decisión de definir con claridad su misión y su estructura en el nuevo tiempo, al punto que en las dos reformas constitucionales de este período, en 1994 y 2008, prevalecieron las visiones e intereses corporativos.

Por tanto, la crisis por la que atraviesa la Policía Boliviana no es sólo por problemas internos, sino porque el Estado ha eludido cumplir su responsabilidad institucional.

En ese escenario, es preciso señalar que en la estructura regular de la Policía hay profesionalismo, pero la injerencia foránea, particularmente desde el ámbito de la política sectaria, bloquea la participación de los oficiales especializados en favor de quienes buscan beneficiarse del padrinazgo político, la prebenda, la componenda para acceder a los niveles de mando.

También se debe anotar que, como sucede en todo el planeta, los miembros de la Policía, en el cumplimiento de sus funciones, se relacionan directamente con el mundo sórdido de la delincuencia, a la que si bien combaten –o deben combatir— con ella convive. De ahí que se adoptan diferentes mecanismos de control interno y se crean incentivos para impedir su defección.

Siendo esa, grosso modo, la realidad, sucesos como el ocurrido en Santa Cruz, cuando se abatió a cuatro presuntos delincuentes son pruebas de fuego para que los mandos policiales puedan encontrar rumbos de corrección. Hay muchas actitudes cuestionables que permiten que la ciudadanía y las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las leyes expresen legítimamente sus dudas sobre la veracidad de los informes policiales sobre lo ocurrido. Y las autoridades políticas y policiales han reaccionado con una retórica impertinente, cuando lo que corresponde es realizar una transparente investigación y, si es el caso, sancionar a quienes sea por negligencia o por premeditación, abatieron a los ciudadanos involucrados. Concretamente, el Defensor del Pueblo ha actuado correctamente al pronunciarse sobre el tema y mal han hecho algunas autoridades al acusarlo de “defender a los delincuentes”.

Es decir, sobre la base de este suceso policial y otros, es preciso establecer causas y responsabilidades para evitar que los errores vuelvan a ser cometidos, e insistir en que el mejor camino para que la Policía sea el garante de la seguridad ciudadana y su pacífica convivencia es establecer su escalafón en el que se privilegie los méritos, imparcialmente calificados, y no los padrinazgos. De otra forma, el futuro es impredecible.

LOS TIEMPOS editorial -








 

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