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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Tu Reportaje
Retroceso irresponsable


[2016-08-11]
En este contexto, no hay que cansarse de exigir que se enfrente en forma estructural este problema y hacerlo desde una perspectiva democrática y participativa

El uso y abuso de la detención preventiva, como un mecanismo de coerción a los imputados, vuelve a ser tema de la agenda pública nacional. De acuerdo a datos oficiales, del total de detenidos en las cárceles del país, sólo el 68 por ciento tiene sentencia, mientras que el 32 por ciento se encuentra en situación de detención preventiva.

Esta situación, de acuerdo a entendidos, significa que la detención preventiva, “que debiera constituirse en una excepción, se ha convertido en un mecanismo de uso frecuente que genera distorsiones en el sistema penal y los más altos índices de vulneración de los derechos más elementales de la justicia y el debido proceso”, como se informa en la edición de Los Tiempos de ayer.

Desde la recuperación del sistema democrático y, fundamentalmente, desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado, el país dio importantes avances, aunque insuficientes, en esta materia, en un intento por revertir la cultura autoritaria que domina el sistema judicial boliviano. Así, sobre los argumentos del moderno derecho penal, se dio un fuerte impulso a que los acusados de delitos penales puedan defenderse en libertad presentado garantías para, por un lado, evitar su fuga y, por el otro, no interferir el proceso judicial.

No fue fácil aplicar esta reforma en nuestro sistema judicial y de investigación, pues policías, jueces, y fiscales estaban acostumbrados a aplicar la detención preventiva; pese a ello, fueron aumentando los casos de la aplicación de medidas cautelares. Sin embargo, a partir de 2006, y pese a que muchos abogados que ayudaron a aplicar ese cambio de la política penal, ya en funciones de gobierno permitieron, si no influyeron, que la mentalidad autoritaria recupere fuerza. Si a ello se agrega el uso de este mecanismo como instrumento de persecución política, fácil fue ir para atrás, al punto que nuevamente la detención preventiva no es la excepción, como debiera ser.

El problema se hace más complejo aún por la profunda crisis por la que atraviesa la administración de justicia del país y la secante intromisión del Órgano Ejecutivo y el Ministerio Público en ella, que en forma permanente amenaza e interpone procesos a jueces que aplican esta medida cautelar. Así, estos prefieren optar por la detención preventiva en forma indiscriminada velando por su propia seguridad.

Por si fuera poco, en la última “Cumbre de Justicia” ha predominado la corriente para hacer aún más represivo el sistema penal, incluso contraviniendo los compromisos asumidos por el país ante la comunidad internacional. Basta recordar que incluso se ha propuesto reponer sentencias como la pena de muerte y la cadena perpetua en nuestra legislación penal.

Lo señalado constituye una muestra más de la debacle en que se encuentra el sistema judicial del país, situación que, por un lado, facilita la violación de principios y derechos fundamentales de las personas y, por el otro, atenta en forma directa a la pacífica convivencia ciudadana.

En este contexto, no hay que cansarse de exigir que se enfrente en forma estructural este problema y hacerlo desde una perspectiva democrática y participativa.

LOS TIEMPOS EDITORIAL

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