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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

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[2016-11-14]
Nuevamente ha surgido el debate sobre los denominados "gastos reservados”. En el pasado, antes del gobierno de Evo Morales, esos recursos, que bordeaban los 20 millones de dólares anuales, fueron usados de manera laxa o, definitivamente, irregular. Esos dineros sirvieron para pagar sobresueldos a miles de funcionarios públicos y legisladores (la verdad es que se requería un aumento general del nivel de los ítems, pero ello no se hacía por temor a una reacción popular), además de sobornar a dirigentes sindicales y, finalmente, ayudar a acometer tareas de seguridad interna, como trasladar contingentes de policías y militares ante la multiplicación de protestas sociales, alguna de ellas violentas y masivas.

Se deben mencionar sobre este asunto algunas de sus aristas: utilizar esos "gastos reservados” era una práctica común durante muchos años, lo mismo que legal. Provenían de una partida incorporada dentro del Presupuesto General de la Nación. Un porcentaje de esos recursos tuvo un destino adecuado, relacionado a su objetivo formal: atender asuntos de seguridad nacional, pero un saldo importante, es verdad, fue usado de manera que puede ser considerada dolosa.

La sensación de uso irregular de esos recursos generó un malestar muy grande en la opinión pública y uno de los factores de descrédito del sistema político anterior fue precisamente ese.

El Gobierno actual, conociendo aquello, y como parte de su campaña para afectar las aspiraciones políticas de los dirigentes opositores más importantes, ha cargado contra el expresidente Carlos Mesa, a quien le han recordado que él "quemaba los documentos” de descargo de los "gastos reservados” en una reunión en la que estaba presente el Contralor General de la República. Lo que el vicepresidente Álvaro García Linera ha omitido decir es que esa era la práctica común en ese tiempo, legalizada mediante un decreto supremo (y que Mesa sólo usó 3,6 millones de dólares al año, un 20% de lo que utilizaron administraciones anteriores).

Pero, como suele suceder con los ataques que realiza el Gobierno, de manera muchas veces irreflexiva, este caso también podría devenir en una forma de "boomerang”, como sucedió por ejemplo cuando el Vicepresidente atacó a un periodista por una noticia sobre su libreta militar (lo que dio a lugar a conocer las irregularidades de ésta), o cuando Evo Morales anunció un juicio contra el periodista Huberto Vacaflor, mediante el cual la ciudadanía recordó la zozobra generada en los años 2000 por las violentas protestas cocaleras, que en una ocasión terminaron con el secuestro, tortura y asesinato de los esposo Andrade y otros uniformados.

Como sea, ahora se está empezando a hablar de si el régimen actual tiene o no a su disposición unos fondos que se podrían denominar "reservados” y, si no los tiene, cómo justifica que se gasten recursos, por ejemplo, en traslados de sospechosos desde el exterior hacia La Paz para que enfrenten juicios o la misma transmisión de los partidos de fútbol del Presidente, trabajo para el cual la ministra Marianela Paco ha reconocido que no existe una partida presupuestaria que lo justifique.

La diputada opositora Jimena Costa presentó un listado de momentos en los que el régimen usó fondos estatales que aparentemente no corresponden a ninguna partida del Presupuesto General del Estado, como por ejemplo haber contratado buses para trasladar por la fuerza a los miembros de la VIII marcha indígena en Chaparina, incluida la compra de vituallas y hasta de refrigerios para los detenidos. La lista incluye otras circunstancias, como el hecho de que Morales llevó a Nueva York a un grupo de periodistas deportivos y un equipo de fútbol de policías para que jueguen y transmitan un partido que el mandatario disputó el día de su cumpleaños en esa ciudad estadounidense en 2015. ¿Eso lo permite el Estado? ¿Cuál es la justificación para hacerlo que no sea solamente el capricho del Presidente?

No se sabe si esos gastos son realmente "reservados”, pero tampoco existe claridad de cómo el Gobierno los justifica. Este tema seguirá haciendo noticia

Pagina Siete editorial

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