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Tu Reportaje
Las culpas de la desorganización estatal


[2016-12-02]
La tragedia aérea confirma que la DGAC es una de las reparticiones estatales que de manera más flagrante e impune incumple sus obligaciones

A la serie de malas noticias que durante las últimas semanas han puesto en duda la eficiencia con que el actual Gobierno nacional está administrando las principales instituciones del Estado boliviano, se ha sumado desde la noche del pasado lunes el accidente del avión de la empresa Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación (LaMia).

En efecto, el accidente ocurrido en Medellín ha hecho que los extremos a los que ha llegado la destrucción del andamiaje institucional del Estado Plurinacional de Bolivia ya no sea un tema que ocupe y preocupe sólo a los bolivianos, sino que esté en el centro de atención mundial.

Desde el pasado lunes, los principales medios de comunicación del planeta dedican gran parte de su atención a desentrañar las causas de uno de los accidentes de aviación más graves de los últimos tiempos. Y al hacerlo, van develando que la tragedia fue directa consecuencia de la fatal combinación entre irresponsabilidad, negligencia e ineptitud de los funcionarios encargados de velar por la seguridad de las personas, por una parte, y la corrupción alentada por empresarios privados de muy dudosos antecedentes, por la otra.

Por ahora, la mira está puesta en las principales autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana). Y es tan evidente la cuota de responsabilidad que les corresponde, que ya fueron suspendidas por una orden gubernamental.

En otras circunstancias, dados los antecedentes del tema, la remoción de esas autoridades habría sido suficiente para que la distribución de culpas no alcance a los niveles superiores de la jerarquía burocrática. En este caso, el asunto no se podrá zanjar tan fácilmente porque no es solamente ante la población boliviana, sus instituciones y medios de comunicación que las autoridades gubernamentales tendrán que dar explicaciones y rendir cuentas por los actos y omisiones cometidas.

El caso de la DGAC es muy ilustrativo al respecto. Es que tal como lo venimos sosteniendo con insistencia desde hace más de cinco años en este espacio editorial, esa repartición estatal es una de las que de manera más flagrante e impune incumple sus obligaciones.

Hemos advertido en más de una oportunidad que tal situación, además de ser un atentado contra la vida de quienes recurren en a los servicios aeronáuticos, pone en riesgo la permanencia de nuestro país entre los de “Categoría 1”, según los parámetros que regulan la seguridad operacional de aviación a nivel internacional.

Es bien sabido que, desde hace ya muchos años, Bolivia está en la mira de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) porque hay muchas dudas sobre la manera como en nuestro país se cumplen —o se eluden más bien— las normas internacionales relativas a los sistemas de vigilancia y seguridad operacional.

Por todo lo anterior, en este espacio editorial, el 15 de marzo pasado, decíamos: “Se confirma la necesidad de que el Gobierno tome cartas en el asunto y supervise lo que sucede en la DGAC, que es vital para supervisar la seguridad de la gente que se traslada por vía aérea”. Exhortación que hoy bien vale la pena repetir y sobre las que debemos volvernos a referir. 76 vidas humanas nos lo exigen.

LOS TIEMPOS editorial








 

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