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Tu Reportaje
Favorable anuncio de rebaja de penas


[2016-12-08]
El Ministerio de Gobierno adelantó que el proyecto de Ley de Sustancias Controladas prevé reducir las sanciones para personas involucradas en microtráfico de drogas.

Actualmente, los microtraficantes pueden tener una pena de entre 10 y 25 años de prisión, según lo que establece la vetusta y draconiana Ley 1008, y el proyecto establece bajar aquello a penas de entre dos y cinco años. La norma debe ser analizada por el Legislativo.

Ésta es una buena iniciativa del ministro Carlos Romero, que presentó el proyecto. Este diario ha insistido desde hace años en la necesidad de rebajar las penas para ciertos delitos, por ejemplo los del microtráfico, que muchas veces se confunde con tenencia de drogas para uso personal. Esas personas afectadas son por lo general las más pobres y las más jóvenes.

La mayoría de los detenidos en las cárceles de Bolivia están allí por su relación con el tráfico de drogas, incluso las blandas, como la marihuana, actualmente permitidas en decenas de naciones alrededor del mundo. Y como también hemos mencionado, el grave problema del tráfico de drogas, que desangra países, corrompe jueces y fiscales y compromete a autoridades, no se logrará resolver sino con la despenalización de las mismas, como lo han señalado decenas de personalidades mundiales, entre ellos expresidentes, académicos y científicos.

Como el Gobierno no está listo ni para iniciar el debate respecto de ese tema (Romero dijo que estaba descartado), por lo menos que se reduzcan las penas es algo adecuado, que va en sentido de tener una sociedad menos verticalista y obsesiva con el castigo y promover, ojalá, un espíritu mayormente orientado hacia la rehabilitación de los internos. ONUDC, la entidad de Naciones Unidas referida a la lucha contra el narcotráfico, tuvo una influencia positiva al respecto.

El Estado boliviano le ha fallado a los privados de libertad: ha cedido el control de las cárceles a grupos de presos que cobran a los nuevos reclusos por las celdas que se distribuyen, siendo algunas de ellas lugares más seguros de los penales, además de mantener el control interno de los mismos. Los internos más pobres terminan viviendo debajo de las escaleras y hasta en los entretechos, mientras los más acaudalados logran espacios más decentes y, sobre todo, más seguros.

El Gobierno no hace ni ademán de enfrentar este tema, deseoso de evitar cualquier asunto que genere conflicto, y ése es un déficit muy evidente de las autoridades. La primera señal en sentido correcto es la que menciona este texto, la reducción de penas. Esperamos que el debate evolucione con este antecedente.

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