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Uso de los fondos de pensiones


[2017-01-22]
El presidente Evo Morales está en una intensa campaña para seducir al voto de Santa Cruz. En una sola semana destacó la imagen del alcalde cruceño Percy Fernández (lo llamó "amauta”) y después anunció la entrega de préstamos al agro de esa región ofreciendo para ello recursos de los fondos de pensiones, que tienen como fin el pago de las jubilaciones de las futuras generaciones. Primero, el presidente dijo que se usarían 150 millones de dólares de esos fondos, es decir un 5%, pero luego el Ministro de Economía señaló que la cifra sólo sería del 1%.

Como sea, la propuesta generó fuertes críticas, tanto de ciudadanos como de economistas y académicos. El Gobierno está a punto de usar recursos que no le pertenecen y convertir al fondo de pensiones en un banco, ya que las entidades llamadas para entregar créditos son precisamente las entidades financieras.

Uno de los asuntos más comentados ha sido que la agricultura es una actividad que genera importantes ingresos, pero que es también, debido a que depende de factores externos, muy riesgosa. De hecho, el clima y el embate de plagas hacen de este trabajo uno de los más inseguros de la economía. Por otro lado, para empeorar las cosas, los precios internacionales de los alimentos han bajado paulatinamente desde 2013. Por lo tanto, entregarle recursos que son de los ciudadanos, no del Estado, debe ser analizado con sumo cuidado.

Otro elemento que ha sido mencionado es que el sector agropecuario mantiene una deuda de 474 millones de dólares, según una carta pública firmada por las casas comerciales que proveen de insumos a ese sector, como semillas, fungicidas, maquinaria especializada y otros. O sea que a un sector que tiene una enorme deuda, debido a los problemas climatológicos que sufrió el país en 2015 y 2016, y que enfrenta una baja general de precios, se intenta otorgar préstamos con evidente cálculo político. No se puede dejar de pensar que será una operación insegura, que podría terminar en altos niveles de mora.

Por otro lado, es correcto que el Estado intente cooperar con un sector que genera empleo y tiene relación con la seguridad alimentaria del país (aunque muchos de los agricultores producen soya, que mayormente no se usa para consumo humano) y no es censurable que se acerque a los grupos empresariales que antes amenazó y criticó. Sin embargo, es una decisión que debe ser tomada sólo cuando se haya realizado un profundo análisis, ya que se trata de los recursos de las futuras generaciones de jubilados.

La fundación Milenio, en un análisis del tema, recordó que los fondos de pensiones ya canalizan ahorros hacia la inversión, tanto pública como privada, pero que lo hacen mediante sistemas de bajo riesgo para los trabajadores, como comprar certificados de depósitos a plazo fijo de los bancos. Con ese dinero, los bancos generan líneas de crédito. Hasta 2016 se canalizaron mediante esta vía más de 7.000 millones de dólares, dijo Milenio.

La Fundación indica que el Gobierno también ha recibido una buena parte de los recursos de los fondos de pensiones, pero lo ha hecho emitiendo bonos del Tesoro, letras y bonos del Banco Central y otros instrumentos financieros que ofrecen rendimientos fijos. Hasta ahora, el Gobierno ha recibido unos 5.000 millones de dólares mediante ese mecanismo, dinero que usa para pagar a los jubilados del antiguo sistema y financiar obras públicas.

El Gobierno, si realmente considera que el sector del agro debe ser respaldado, podría hacerlo de dos maneras y evitar que se usen los recursos de los trabajadores. Un camino es usar sus propios recursos. Si el Gobierno racionalizara el gasto y dejara de acometer actividades que son muy onerosas y de ningún interés social o económico, como construir palacios, tendría recursos para fondos de inversión.

La otra opción es que sea la banca privada la que haga los préstamos a los agricultores. Si es que éstos no pueden demostrar las garantías suficientes para obtener un crédito privado, tampoco deberían poder hacerlo para acceder a los recursos públicos.

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