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Tu Reportaje
Universidades y justicia


[2017-04-26]
La justicia boliviana enfrenta la peor crisis estructural de su historia. Corrupción, ineficiencia, tráfico de influencias y un rosario de delitos afectan a uno de los poderes centrales del Estado. Sin duda es el talón de Aquiles del Gobierno del presidente Evo Morales, principalmente, porque la población sufre a diario los avatares de una justicia que no funciona.

En ese marco, el Poder Ejecutivo ha ensayado sin éxito en los últimos años una reforma del Poder Judicial a través de reestructuraciones, purgas y con una frustrada elección directa de magistrados. El experimento resultó tan desastroso que el mismo oficialismo ha tenido que salir a la palestra rogando a las universidades públicas para que puedan participar en la preselección de magistrados para una futura compulsa electoral. La idea no es mala, el problema está en las formas. El planteo surge de las conclusiones de la denominada Cumbre de Justicia que se realizó el año pasado. Existe una enorme desconfianza debido a que, hasta el momento, el oficialismo no ha dado garantías de transparencia e independencia frente a un proceso que nuevamente puede ser contaminado y mantener la actual dependencia que tiene la justicia respecto del poder político. Quizás haya que reconocer que el principal problema no es la forma cómo se elegirá a los magistrados, sino la voluntad del oficialismo de mantener a la justicia bajo su yugo y utilizarla con fines estrictamente coyunturales, como se ha visto en innumerables casos. La Justicia en Bolivia no es independiente, esa es la enfermedad que la afecta en primer lugar y a esa realidad se debe apuntar si se quiere obtener algún tipo de cambio.

Los rectores de universidades de los departamentos de La Paz, Oruro y Santa Cruz se pronunciaron por un mayor protagonismo en la tarea académica y pusieron condiciones para poder participar de la preselección de magistrados. Fundamentalmente están reclamando que el poder político renuncie a buscar una influencia en el Poder Judicial y se brinde condiciones efectivas de transparencia. Esperan un gran acuerdo nacional, donde participen todos los sectores involucrados, para dar garantías de transformación en el largo plazo. ¿Será posible que los partidos políticos cedan en este punto? Ojalá así sea porque de ello depende una verdadera reforma judicial. Si no fuera así, estaremos nuevamente ante un maquillaje que no ayudará a saldar la principal deuda de este Gobierno: tener una justicia independiente.

EL DEBER editorial








 

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